Las 9 propuestas de actuación enviadas a Bruselas

El Gobierno ha comunicado a Bruselas nueve propuestas de actuación para reformar el sistema de pensiones, un requerimiento de la UE junto a la modernización del mercado laboral. Las medidas se encuadran en tres objetivos:  la eliminación del déficit de la Seguridad Social, desmontar las reformas de 2013 e impulsar los sistemas complementarios en el ámbito empresarial y profesional. De acuerdo con estos objetivos, el Gobierno ha remitido estas nueve propuestas que se desarrollarán por la Seguridad Social y se negociarán con los agentes sociales.

1. Financiación de gastos impropios. El conjunto de los gastos impropios identificados es de 20.000 millones de euros, de los que, tres cuartas partes han sido ya asumidos en los PGE de 2021. El Gobierno se plantea asumirlos plenamente en los PGE en 2023.

2. Mantenimiento del poder adquisitivo. Se derogará el “actualmente vigente” Índice de Revalorización de las Pensiones introducido en 2013 que garantiza una subida mínima del 0,25% anual para las pensiones mientras el sistema se encuentre en déficit. Se plantea una fórmula de vinculación al IPC que evite la necesidad de reducciones nominales.

3. Acercar la edad de jubilación real a la legal. Se plantea realizar cambios en el sistema de coeficientes reductores de la jubilación anticipada voluntaria “para eliminar distorsiones, incluyendo su carácter regresivo”. Asimismo, se propone potenciar los incentivos de demora de la jubilación y mejorar la empleabilidad y formación de los trabajadores más mayores para asegurar la prolongación de sus carreras laborales.

4. Alargar el periodo de cálculo de la pensión, contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora por encima de los actuales de manera progresiva junto con una revisión del procedimiento de integración de lagunas en la carrera profesional».

5. Sustitución del factor de sostenibilidad con la creación de un nuevo mecanismo pactado con los sindicatos y los empresarios para sustituir al vigente factor de sostenibilidad, cuya aplicación se retrasó a 2023. Se trata de que los parámetros de este mecanismo sean revisados de forma periódica.

6. Los autónomos cotizarán por sus ingresos reales. Se trata de implantar gradualmente un nuevo sistema de cotización para los autónomos que se fundamente en los rendimientos por la actividad económica desempeñada. Actualmente, un 35% de los pensionistas del RETA no alcanzan la pensión mínima, por lo que necesitan complementos a mínimos.

7. Modificación del complemento de maternidad de pensiones. Se identificará cuál de los progenitores se vio más perjudicado por el nacimiento de hijos en su trayectoria de cotización o en su caso, de no existir un progenitor particularmente perjudicado, se otorgaría el complemento vigente desde 2016 a la madre.

8. Impulso a los planes de pensiones de empresa. La preferencia es en el ámbito sectorial. Se creará un fondo de promoción pública de libre adscripción. Para extender su uso, se desplazará la fiscalidad favorable actual de los planes individuales a los de empleo.

9. Destopar la base máxima de cotización. La base máxima de cotización que se aplica a los salarios más altos –y por la que cotizan alrededor del 14% de los afiliados– está congelada este año en 4.070,10 euros al mes. Se plantea la adaptación gradual de las bases de cotización máxima que deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no afectar a la naturaleza contributiva del sistema.