Más control para aquietar la difusión de las tarjetas revolving

¿Cómo funciona una tarjeta ‘revolving’?

Si a través de una tarjeta de crédito común el interesado paga con dinero prestado por la entidad, pero tiene que devolver todo lo que utilizó durante un mes a principios del mes siguiente, con la revolving aplaza el pago del capital dispuesto, dividiéndolo en varias cuotas mensuales. En el caso de la tarjeta de crédito, el hecho de no poder devolver el capital utilizado el mes anterior (por ejemplo, porque en la cuenta vinculada con la tarjeta no hay dinero suficiente) supondrá generar una deuda pendiente de pago, sobre la que el banco aplicará unos intereses.

La realidad esconde créditos con intereses que han llegado a superar el 27% y que de media suelen ser del 24%. Una información que con el sistema de comercialización vigente hasta el 2020 se ocultaba a los clientes en el momento de su contratación. Eso ya no podrá ocurrir a partir de este año. Las entidades que ofrecen estas tarjetas están ahora obligadas a ofrecer información clara y precisa sobre las condiciones del producto en el momento de firmar el contrato de suscripción y periódicamente hasta la fecha de su cancelación.

Nueva normativa

Desde el inicio del nuevo año es más complicado ir a un centro comercial, una gasolinera, una tienda, un aeropuerto o incluso a hacer la compra semanal y salir siendo titular de una de las cuestionadas tarjetas revolving pues ha entrado en vigor este mes de enero la normativa, aprobada en julio por el Gobierno, para aplicar un mayor control a la comercialización de este producto financiero, que los jueces del Tribunal Supremo calificaron el pasado mes de marzo como “usura”.

Además, la nueva normativa reclama que las entidades comprueben antes de la firma del contrato la capacidad de pago del cliente, y se certifiquen de que pueden cubrir sin problemas la cuantía anual del préstamo contratado, al tiempo que deben permitir al cliente amortizar un mínimo anual del 25% del crédito para evitar situaciones de endeudamiento insostenibles. Al mismo tiempo, están obligadas a comunicar al Banco de España de aquellos clientes que tengan créditos superiores a 1.000 euros, frente a la obligación anterior de hacerlo pasados los 9.000 euros. El regulador bancario quiere tener un mayor control sobre este tipo de productos financieros de riesgo después de que tras la sentencia del Tribunal Supremo de marzo haya puesto el foco en ellos, lo que llevó a que desde el verano haya realizado 24 requerimientos y recomendaciones a diferentes entidades por la incorrecta comercialización y gestión de estos.

Desde la Agencia Negociadora, una fintech dedicada a la intermediación hipotecaria afirman que “Las revolving constituyen el más pernicioso lastre en la estructura del endeudamiento en crédito al consumo de las familias españolas”. Señalan que dada su facilidad de
adquisición el peso específico de las tarjetas revolving en el total de las deudas por crédito al consumo de quienes solicitan una reagrupación de créditos ha crecido desde el 14% en el 2018, hasta el 26% en junio del 2020.